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    2018-10-25

    Estas organizaciones decidieron dejar fuera los temas de homosexualidad y aborto, porque no estaban en el programa oficial; fue parte de una acción que apeló al derecho positivo, pues citaron todo un andamiaje jurídico nacional e internacional, ya que la educación sexual laica está respaldada en el artículo tercero constitucional, en convenciones internacionales sobre derechos humanos, de las mujeres y de la infancia; así como en la legislación sobre salud, población, educación, discriminación, igualdad entre mujeres y hombres y protección de derechos de la infancia (Díaz, 2014). Estas organizaciones reelaboran el discurso que Foucault señaló como diindolylmethane del biopoder, dando un nuevo sentido a los argumentos sobre salud y población; de esta manera, como lo afirma Giddens (1998, p. 21), los discursos científicos sobre la sexualidad contribuyen a una liberación. Este repertorio, basado en evidencias y principios democráticos como la laicidad y los derechos humanos, se resume en el concepto de educación integral de la sexualidad que estas organizaciones contribuyeron a incorporar en la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, firmada por ministerios de Salud y de Educación de Latinoamérica en 2008: DEMYSEX es una red de organizaciones que trabajan en temas de educación sexual y derechos sexuales en todo el país. Coordinaron una estrategia de visibilidad en medios de comunicación, afirmando que si el Estado cumplía las demandas de las organizaciones católicas, eso significaría un retroceso en la construcción de la laicidad y una violación a los derechos de los menores de edad. También implementaron una campaña para que los padres de familia interpusieran juicios de amparo en caso de que no se les entregaran los libros (entrevista con José Ángel Aguilar, director de DEMYSEX). Aunque no hubo amparos, usaron dos principios del derecho positivo como recurso político y simbólico: el interés superior de la niñez, y la laicidad educativa. Por su parte, Afluentes es una organización dedicada a la producción de materiales y modelos educativos sobre sexualidad que puedan ser aplicados en políticas de salud, educación y población. Su estrategia fue la producción y distribución de discursos. Gabriela Rodríguez, su representante, formaba parte del Consejo de Formación Cívica y Ética de la SEP; eso le permitió participar en el diseño del programa de secundaria. Asimismo, difundió información proveniente de resultados de distintas investigaciones y evaluaciones de políticas de salud y población, la cual brindó respaldo científico a Replicative transposition los argumentos de que la educación sexual no incrementa las relaciones sexuales ni el número de compañeros sexuales ni anticipa el inicio sexual en diindolylmethane los adolescentes. La FEMESS está integrada por asociaciones de profesionales de las ciencias sociales, de la salud y de la educación; su papel en este debate fue reforzar la defensa de los libros mediante evidencia científica. La participación de expertos reconocidos como autoridades legítimas para hablar sobre sexualidad ha sido una táctica utilizada para la defensa de las políticas de educación sexual desde las primeras contiendas en el siglo XX (Del Castillo, 2000), pues demuestra una cada vez mayor fuerza ante la argumentación religiosa: “Hablar a los jóvenes sobre el tema, no los induce a iniciarse en la actividad sexual […]. No tiene nada de dañino, ya que es información indispensable, aunque insuficiente” (Eusebio Rubio, FEMESS, La Jornada, 11/08/2006, p. 43). La ANPF citó investigación que muestra que muchos padres de familia no están en contra de la educación sexual ni de los libros de Ciencias 1; de esta manera cuestionó la legitimidad de la organización católica que pretendía aparecer como representante de padres y madres de familia e hizo explícito que buena parte de la sociedad mexicana no está en contra de la educación sexual. Junto con la Red por los Derechos de la Infancia, estos actores utilizaron argumentos científicos y el derecho positivo como parte de su repertorio discursivo; argumentaron sobre la importancia de los contenidos para la protección de la salud y citaron el marco legal que respalda la educación sexual laica; además, apelaron a uno de los acuerdos internacionales de la ONU más firmados: la Convención de Derechos de la Niñez, que establece el principio de interés superior de la niñez y deja en segundo plano el derecho de los padres a elegir su educación.