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    2019-05-13

    Precisamente, en ese año de 1569, llegaría Silmitasertib Perú el virrey Francisco de Toledo, quien iniciaría, en 1572, un proceso judicial frente a don Carlos y don Felipe Yupanqui por su supuesto involucramiento en la revuelta del Inca sublevado en Vilcabamba, Túpac Amaru. Una de las consecuencias inmediatas de dicha incriminación fue la incautación y la confiscación temporal de los inmuebles cusqueños —como sería el palacio y la parroquia de San Cristóbal Qolqanpata—, de las rentas, de las encomiendas mercedadas y de los títulos honoríficos de los que don Carlos Inca había gozado hasta entonces. La furia toledana se desató no sólo en contra de estos dos hijos legítimos del Inca don Cristóbal, sino también en contra de sus numerosos vástagos naturales, que residían igualmente en dicha colación cusqueña. En ese mismo año de 1572, Martín García de Loyola, comendador de San Cristóbal Qolqanpata, efectuó una visita de empadronamiento a esta parroquia. Tras ello, el virrey Toledo determinó que la mayoría de familias de la élite quechua que vivían allí junto a sus siervos yanaconas fuesen eximidas del estatus de “yndios reservados”, del que habían disfrutado hasta ese momento, y que empezasen a tributar a la Corona. Los hijos naturales de don Cristóbal Paullu Topa Inca recurrieron ante la Real Audiencia de Lima esta sentencia, aunque no falló a su favor hasta mediados del año 1576. La dramática situación de los habitantes de la parroquia de San Cristóbal Qolqanpata se habría agravado aún más cuando el virrey Toledo decidió igualmente dar los primeros pasos en la instauración de un seminario para los niños de la nobleza quechua en el Cusco. La tarea fue comisionada, desde buen principio, a los religiosos de la Compañía de Jesús. Pero la falta de recursos y de rúbricas contundentes a los reglamentos fundacionales sólo hizo posible que estos primeros y beneficiados colegiales de las décadas de 1570 y 1580 hubiesen recibido una educación privada, a sueldo, a manos de ayos jesuíticos. Este hecho habría motivado que las familias de la élite indígena con menor poder adquisitivo —como serían aquellas ubicadas en la malograda parroquia de San Cristóbal— no hubiesen podido costear la formación de sus hijos con estos prestigiosos maestros. Entrarían en escena aquí los religiosos del convento de San Francisco del Cusco, quienes, desde 1572, se habrían encargado interesadamente de ofrecer servicios espirituales y educacionales a esa damnificada generación de infantes quechuas y mestizos, por las reformas toledanas. La rápida solvencia seráfica en materia de formación de ciertas juventudes cusqueñas quedó probada cuando, ya en 1589-1593, el magnate minero Domingo Ros ofreció financiamiento para proceder a Reverse transcription la fundación y a la plena institucionalización de un colegio para niños. El benefactor estipuló decididamente que en el patronato y rectorado de esta nueva institución interviniese, junto a las autoridades jesuíticas, el “[…] Guardián del Monasterio de San Francisco desta ciudad ‘del Cusco’ […]”, así como que Es importante plantear que uno de estos pupilos cusqueños, que quedaron bajo la estricta custodia de los frailes franciscanos, debió ser don Melchor Carlos Inca (1571-1610). Fue hijo de don Carlos Inca y nieto de don Cris tóbal Paullu Topa Inca, moradores preeminentes del palacio y de la parroquia de Qolqanpata, restituidos completamente a esta familia en la década de 1590. En el círculo más inmediato de don Carlos Inca y de don Melchor Carlos se elaboró un importante corpus de fuentes judiciales, administrativas y testamentarias que apoyaría la idea de que, en vida de éstos, se reconstruyó intencionalmente una memoria feligresa y política en torno a Qolqanpata bajo una clara pátina seráfica. En efecto: tres serían los documentos más sobresalientes en los que se habría dejado constancia de las actuaciones protagónicas de los padres de San Francisco en esta prestigiosa parroquia. En 1599, un Melchor Carlos Inca de 28 años de edad presentó la ya comentada información al virrey Luis de Velasco y Castilla con el fin de conseguir gracias y mercedes de la Corona; especialmente, las referidas a adquirir la perpetuidad de la encomienda o repartimiento familiar de Hatun Cana, concedido en tiempo de su abuelo don Cristóbal. Como hemos señalado ya, los testigos quechuas que don Melchor Carlos Inca aportó mostraron un claro interés en declarar que sus abuelos paternos habían quedado confiados a “[…] un frayle fran.co tuerto de un ojo a quien por traer abito pardo llamavan los yndios chichi pater ‘y don Cristóbal Paullu Topa Inca y doña Catalina Tocto Ussica’ recivieron el agua del santo bautismo […]”. No se puede olvidar que esta información de 1599 iba dirigida a un virrey que, como ya había mostrado también su difunto padre, mantenía unas excelentes relaciones con las más altas esferas de la orden de San Francisco, tanto en la Nueva España como en Perú. Y tampoco se puede menoscabar el hecho de que, por las mismas fechas en las que don Melchor Carlos Inca entablaba estas negociaciones peticionarias con don Luis de Velasco y Castilla, en el Cusco, el cura doctrinero al que se le iba a volver a encomendar la administración de parroquias indígenas en la ciudad sería el acreditado religioso franciscano Luis Jerónimo de Oré.